El derecho a la alimentación como componente importante de la evaluación de la pesca a pequeña escala

Una de las ideas más importantes que extraje de mi participación en el V Congreso Mundial de la Pesca Artesanal, celebrado en Hua Hin (Tailandia) a principios de este mes, surgió de un concepto en el que no había reflexionado mucho anteriormente: el derecho a la alimentación. Esta fue, en muchos sentidos, la idea que más cambió mi forma de pensar. El derecho a la alimentación no es simplemente una aspiración general relacionada con la seguridad alimentaria. Es un derecho humano, fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos, que protege la capacidad de las personas para alimentarse con dignidad. Implica que haya alimentos suficientes disponibles, que las personas dispongan de los medios para acceder a ellos y que los alimentos que consumen sean adecuados, seguros, nutritivos y culturalmente apropiados.

En el contexto de la pesca artesanal, esto reviste una enorme importancia. Los pescadores artesanales no solo son una fuente de ingresos y empleo. En muchas partes del mundo, también constituyen la columna vertebral de los sistemas alimentarios locales. Proporcionan pescado y alimentos acuáticos que son esenciales para la nutrición, la identidad, la cultura y el acceso diario a los alimentos de las comunidades costeras y del interior. Sin embargo, a pesar de ello, el derecho a la alimentación suele estar sorprendentemente ausente del debate sobre la sostenibilidad de los productos del mar en la práctica.

Esa ausencia me llamó mucho la atención. En los debates actuales sobre la RSE, los criterios ESG y la diligencia debida en materia de derechos humanos —incluidos aquellos cada vez más marcados por novedades normativas como la Directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial—, la atención suele centrarse en los riesgos para los derechos humanos que son más fáciles de identificar, enmarcar y auditar. Esas cuestiones son importantes y merecen esa atención. Pero el derecho a la alimentación no es menos un derecho humano que cualquier otro. Simplemente es menos visible en los marcos y debates que utilizan actualmente muchos actores del sector de los productos del mar.

Cómo influyen los derechos de tenencia y la participación en el derecho a la alimentación

Fue aquí donde el congreso me ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Mi colega, Miguel Andreu-Cazenave, también asistió al congreso y presentó dos nuevos indicadores que SFP desarrollado en el marco de FishSource para evaluar el desempeño de la pesca en dos ámbitos relacionados con la pesca a pequeña escala: la seguridad de los derechos de tenencia (STR) y la gestión participativa (PM). Muchas de las mismas condiciones de gobernanza que evalúan estos nuevos indicadores son también muy relevantes para comprender si derechos menos visibles, como el derecho a la alimentación, pueden estar en riesgo en un sistema pesquero.

Si los pescadores no tienen un acceso seguro y legítimo a los recursos, si se les excluye de las decisiones sobre la gestión de la pesca, si los beneficios se distribuyen de forma desigual y si la dinámica del mercado está desviando el flujo de pescado de los sistemas alimentarios locales sin que exista una participación local significativa, entonces pueden darse las condiciones para que se vea mermado el derecho a la alimentación, incluso cuando nadie mida explícitamente ese riesgo.

Eso es lo que hizo que los derechos de tenencia segura y la gestión participativa me parecieran, de repente, aún más importantes. Ya no los veo solo como indicadores de gobernanza en un sentido estricto. Los considero señales de referencia potencialmente útiles de las condiciones sociales y de derechos humanos más amplias en los sistemas pesqueros. No sustituyen a una evaluación específica de los derechos humanos, y por sí solos no pueden determinar si se está respetando el derecho a la alimentación. Pero pueden ayudar a identificar aquellas pesquerías en las que es más probable que existan las condiciones estructurales que dan lugar a vulneraciones de los derechos.

En pocas palabras: cuando las puntuaciones en materia de seguridad de la tenencia y gestión participativa son bajas, eso debería ser motivo de preocupación. Esto debería indicar que los derechos que suelen pasar más desapercibidos en los sistemas pesqueros, incluido el derecho a la alimentación, tal vez merezcan un análisis más detallado.

Por qué es importante

Esto es importante no solo para los investigadores o las ONG, sino también para las empresas y otros actores que asumen responsabilidades cada vez mayores en el marco de los mecanismos de diligencia debida en materia de derechos humanos. Una de las implicaciones más prácticas de este trabajo es que una herramienta que ya utilizan los equipos de sostenibilidad también puede ayudar a los compañeros de los departamentos de derechos humanos a realizar un análisis inicial del riesgo de referencia. Esto crea un puente potencialmente útil entre dos funciones que a menudo permanecen demasiado separadas: la sostenibilidad y los derechos humanos.

El derecho a la alimentación es un ejemplo especialmente claro de por qué este nexo es importante. Los marcos globales de sostenibilidad, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las Directrices sobre la pesca a pequeña escala, hacen hincapié, con razón, en la importancia de mejorar el acceso al mercado de los productores a pequeña escala como vía para lograr medios de vida más sólidos y una mayor resiliencia. En muchos contextos, eso es totalmente acertado. Un mejor acceso al mercado puede aumentar los ingresos, reforzar el poder de negociación, reducir la vulnerabilidad y favorecer una gestión pesquera más sostenible.

Comprender las ventajas y desventajas

Pero el Congreso también me dejó claro que puede haber compensaciones que merecen una mayor atención. En algunos contextos, conectar a los pequeños productores con mercados que ofrecen mejores precios también puede desviar el pescado de los sistemas alimentarios locales, hacer subir los precios locales o reducir el acceso a alimentos nutritivos para las comunidades que más dependen de ellos. En esos casos, una estrategia de sostenibilidad que parece positiva desde un punto de vista concreto puede resultar más compleja cuando se analiza desde la perspectiva del derecho a la alimentación.

Esto no es un argumento en contra del acceso al mercado. Es un argumento a favor de un mejor diagnóstico. Implica plantear preguntas más completas: ¿Quién depende actualmente de este pescado para su alimentación y nutrición? ¿Cómo podrían afectar los cambios en las cadenas de valor a la disponibilidad y la asequibilidad a nivel local? ¿Se ven afectados de manera diferente algunos grupos —como las mujeres, los niños, los hogares más pobres, los trabajadores migrantes o los pueblos indígenas—? ¿Participan de manera significativa los pescadores y las comunidades en las decisiones sobre cómo se utilizan sus recursos y adónde se destinan sus productos?

Visto así, el derecho a la alimentación no me alejó de pensar en FishSource. De hecho, me ayudó a replantearme su potencial. Lo que para mí comenzó como una reflexión sobre un derecho humano acabó planteando una cuestión más amplia: ¿podría FishSource pasar de ser considerada principalmente como una herramienta de sostenibilidad a convertirse en una herramienta que también ayude a identificar riesgos menos visibles para los derechos humanos asociados a la pesca?

Creo que la respuesta podría ser sí.

Los indicadores STR y PM de FishSource ya apuntan en esa dirección, al contribuir a dar mayor visibilidad a algunas condiciones fundamentales de gobernanza. De cara al futuro, podría haber margen para que FishSource desarrolle indicadores adicionales que ofrezcan una visión de referencia más estructurada de los riesgos en materia de derechos humanos que aún reciben muy poca atención en las cadenas de suministro de productos del mar. El valor de ello sería doble: en primer lugar, ayudar a los equipos de derechos humanos a identificar riesgos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos; y, en segundo lugar, hacerlo de una manera que conecte directamente con la información que ya utilizan los equipos de sostenibilidad.

Ese tipo de integración me parece importante. Con demasiada frecuencia, la sostenibilidad medioambiental, la gobernanza y los derechos humanos siguen evaluándose de forma aislada, a pesar de que, en realidad, están profundamente interrelacionados. Una visión más integral de los sistemas pesqueros nos ayudaría a comprender mejor cómo la gobernanza de los recursos, la legitimidad social, los derechos de acceso, las estructuras de mercado y el bienestar de las comunidades se influyen mutuamente.