La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROPPS) aprobó una decisión histórica sobre normas laborales y abusos de los derechos humanos en su reunión anual celebrada la semana pasada en Manta (Ecuador). Las delegaciones también aprobaron la mejora de las medidas de seguimiento, control y vigilancia, pero se quedaron cortas a la hora de aprobar medidas para incluir el español como lengua oficial o abordar el impacto de las grandes flotas en los ecosistemas.
Durante la reunión, de una semana de duración, las delegaciones de los países miembros y las Partes No Contratantes Cooperantes (CNCP) debatieron nueve propuestas distintas destinadas a mejorar la sostenibilidad y el rendimiento de la pesquería de calamar gigante volador en aguas internacionales. Las principales empresas de productos del mar, asociaciones industriales y coaliciones precompetitivas expresaron su apoyo a las propuestass, además del amplio apoyo de los representantes artesanales y de la industria de transformación organizada por CALAMASUR (Comité para la Gestión Sostenible del Calamar Jumbo Volador).
Se aprobaron dos propuestas de Ecuador, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia relativas a las condiciones de trabajo dignas y el tratamiento de los abusos de los derechos humanos denunciados en las flotas pesqueras de altura que faenan en la zona del convenio.
Sin embargo, la propuesta de Ecuador de incluir el español como lengua oficial se encontró con una fuerte oposición, especialmente por parte de la delegación china. Esta oposición se manifestó incluso antes del inicio de la reunión, durante la sesión plenaria de la Comisión de Administración y Finanzas.
Alfonso Miranda, presidente de CALAMASUR, criticó esta decisión como un "inadmisible acto de arrogancia". Pascual Aguilera, representante de los pescadores artesanales chilenos, hizo hincapié en la desventaja en que se encuentran los países productores costeros hispanohablantes a la hora de defender sus posiciones en los debates.
Otras propuestas aprobadas incluían importantes medidas de conservación y gestión (MMC) centradas en la mejora del seguimiento, el control y la vigilancia durante los transbordos, y en la mejora de la gestión basada en datos científicos mediante el aumento del número de observadores a bordo, aunque la propuesta final aprobada para los observadores a bordo era menos exhaustiva que la original.
Se rechazaron otras propuestas, como la aplicación urgente de medidas del Estado rector del puerto o el establecimiento de una "zona de preocupación" para abordar los impactos sobre el ecosistema de las grandes flotas que operan en zonas concentradas durante todo el año. Se aprobó la creación de un grupo de trabajo codirigido por Ecuador y Estados Unidos para trabajar en estos asuntos de forma intertemporal.
Miranda expresó su profunda preocupación por estas decisiones. "La Comisión perdió una oportunidad única de mostrar al mercado internacional la voluntad de los países miembros y de los CNCP de avanzar hacia una gestión más responsable de la pesquería mediante avances significativos en materia de seguimiento, control y vigilancia", afirmó. "La pesquería sigue necesitando datos fiables y oportunos, especialmente de las flotas que faenan lejos de sus puertos de desembarque en las zonas próximas a la costa sudamericana dentro del Área de la Convención". Preocupa especialmente la transparencia de la SPRFMO, ya que el último informe del Convenio carece de actas detalladas de los debates y de información específica sobre los países que se oponen a las decisiones, como ocurría en informes anteriores.