Lima, Perú - En respuesta a las partes interesadas en la pesca, el Gobierno peruano emitió un decreto histórico para permitir el registro de pescadores por cooperativas en las pesquerías de dorado y calamar gigante, dos de las pesquerías artesanales más importantes del mundo. Esto elimina las barreras para que más de 900 embarcaciones artesanales de dorado y calamar de las principales organizaciones de pescadores puedan operar legalmente en aguas peruanas.
"El sector artesanal se ha sentido durante mucho tiempo desatendido por el Estado, enfrentándose a interminables trabas burocráticas", declaró Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pesca Artesanal (Sonapescal). "El nuevo reglamento marca un hito histórico para la pesca artesanal, facilitando la culminación del proceso de formalización iniciado por muchos armadores hace siete años. Ahora exhortamos a las autoridades pertinentes a agilizar el proceso, e invitamos a los propietarios de embarcaciones registradas a presentar con prontitud sus solicitudes de permisos de pesca definitivos."
La pesquería peruana de dorado genera más del 40% de la producción mundial en volumen. El calamar gigante es la mayor pesquería de invertebrados del mundo, y la pesquería peruana de calamar representa casi la mitad de los desembarques mundiales. Estas pesquerías experimentaron un crecimiento incontrolado de la flota entre 2000 y 2015 debido a la falta de investigación y gestión pesquera y de voluntad política, así como a la inestabilidad y la débil gobernanza del país. Las pesquerías quedaron operando bajo una economía informal debido a leyes inadecuadas y obsoletas.
"En 2020, el Decreto Supremo Nº 015-2020-PRODUCE dispuso la emisión de permisos definitivos de pesca a los propietarios de embarcaciones que participen en la formalización de cooperativas", dijo Piero Rojas, consultor legal de Sustainable Fisheries Partnership. "Sin embargo, el procedimiento no estaba establecido en el marco legal. El nuevo decreto promulgado, largamente esperado por el sector pesquero, proporciona una vía clara para obtener los permisos y concluir el proceso de formalización."
Los riesgos resultantes, incluida la pérdida de inversiones y el posible etiquetado de productos como ilegales, no declarados y no reglamentados (INDNR) por parte de los países importadores, crearon una alineación sin precedentes de toda la cadena de suministro, desde la captura hasta la venta al por menor, en torno al cierre del acceso y la concesión de derechos de pesca legales a la flota artesanal operativa.
"Tras casi diez años desde el inicio de este empeño, es evidente que, cuando las distintas partes interesadas se unen, alinean sus perspectivas y colaboran con los mercados finales, pueden producirse transformaciones significativas y positivas", prosiguió Rojas. "Estos avances sirven de base para el establecimiento de prácticas de gestión sostenibles en la pesca artesanal".
En contraste con el sector no organizado que inició el movimiento de registro de pescadores hace una década, hoy en día las plantas procesadoras están bien organizadas bajo CAPECAL y la Alianza Mahi Perú, y los propietarios de embarcaciones cuentan con una organización nacional de pescadores, SONAPESCAL. Algunas de estas organizaciones también son miembros de CALAMASUR y COREMAHI, que representan los intereses de las partes interesadas del sector pesquero a escala regional. En medio de una inestabilidad política sin precedentes y de la pandemia de COVID-19, los propietarios de embarcaciones y los procesadores peruanos impulsaron con éxito la formalización, manteniéndola como una de las principales prioridades de unas autoridades políticas en constante cambio.
"A pesar de la crisis económica e institucional que atraviesa Perú, el sector pesquero se ha unido para formalizar las embarcaciones que pescan una de las especies más importantes del país para el consumo humano", declaró Alfonso Miranda, presidente de Calamasur. "Este esfuerzo de colaboración garantizará un futuro mejor para la pesca artesanal y preservará la salud del recurso hidrobiológico". Los procesadores de calamar volador jumbo demuestran la importancia de avanzar en sostenibilidad y obtener certificaciones reconocidas internacionalmente."
En marzo de 2023, se habían concedido permisos de pesca al 71% de los buques que faenaban en régimen de derechos individuales (SIFORPA). Por el contrario, no se ha concedido permiso a ninguno de los buques que faenan en régimen de derechos colectivos, debido a las trabas legales que les impiden realizar los trámites necesarios para obtener sus permisos de pesca. El nuevo decreto gubernamental aborda estos obstáculos.
Esta victoria y otras reformas políticas clave de los últimos años son el resultado directo de la defensa de los intereses de las partes interesadas del sector pesquero del país, con el apoyo de ONG como SPP y SPDA y de los proveedores en las mesas redondas de la cadena de suministro de SPP.
"En la Mesa Redonda Mundial sobre la Cadena de Suministro de Calamares estamos entusiasmados con la nueva normativa", afirmó
Stefano Pagliai director de compras de PanaPesca USA y presidente de la Mesa Redonda Mundial sobre la Cadena de Suministro del Calamar. "Garantiza el suministro responsable, la diferenciación del producto y la legalidad del calamar gigante volador. Este logro nos motiva a apoyar mejoras continuas para un futuro sostenible en esta pesquería."
Fondo
En 2014, la presión de los pescadores peruanos y de las plantas procesadoras, conscientes de los riesgos a los que se enfrentaban y que buscaban garantizar un medio de vida sostenible continuado, llevó al gobierno a establecer las primeras mesas redondas sobre el tema.
En 2016, los compradores españoles empezaron a reclamar a sus homólogos peruanos y al Gobierno que abordaran la cuestión. Ese año, el Gobierno puso en marcha un programa llamado "Cooperativas" que permitió la formalización de la flota mediante derechos de pesca colectivos.
En 2018, se desarrolló una nueva vía para obtener permisos de pesca (SIFORPA II), a través de la cual se concedieron derechos de pesca individuales. Sin embargo, a pesar del lanzamiento de estos programas y de la buena acogida por parte del sector, resultaron insuficientes. La enorme carga burocrática era un obstáculo insalvable, y la ley tenía trabas que bloqueaban de hecho el proceso para la mayor parte de la flota. A pesar de las frustraciones, el sector y las cooperativas siguieron esforzándose por la formalización.
En 2020, el Decreto Supremo Nº 015-2020-PRODUCE dispuso la emisión de permisos de pesca a los propietarios de embarcaciones que participen en la formalización de cooperativas, aunque el procedimiento detallado no fue establecido en el marco legal.
En 2021, con el apoyo de Sustainable Fisheries Partnership (SFP) y Sociedad peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) lanzó pescaformal.pe, un portal de transparencia que ofrece material de formación y asesoramiento especializado a los propietarios de embarcaciones y la posibilidad de que los compradores verifiquen si las embarcaciones están en proceso de obtener licencias de pesca.
En mayo de 2023, PRODUCE promulgó el decreto de regulación detallada para la formalización de cooperativas.